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Katherine Becerra Valdivia Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 

            Hace algunos días se llevó a cabo una de las últimas etapas del proceso de consulta constituyente indígena, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social. Este proceso de dialogo y consulta para una nueva Constitución se ha venido sosteniendo desde agosto de este año y se constituye como una especificación del proceso general de participación ciudadana llevado a cabo desde el año 2016. En esta etapa se realizó el Encuentro Nacional para el Reconocimiento Constitucional y la Participación Política de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo era conseguir acuerdos con respecto a las propuestas del gobierno y de los mismos pueblos originarios para ser incluidas en el proyecto de nueva Constitución que el gobierno pretende presentar próximamente. La idea del Gobierno era establecer estos encuentros como la etapa final del proceso de diálogo con los 9 pueblos originarios reconocidos por el Estado. Luego de extender las negociaciones más allá del tiempo dispuesto oficialmente, los resultados son ambivalentes. Según informaciones de prensa, hay acuerdos completos, parciales y temas a los cuales no se pudo llegar a ningún acuerdo. Estos resultados, sin dudas son reflejo de la necesidad del proceso, pero también de las suspicacias entre las partes participantes.

            En un proceso que ha sido histórico, pues es la primera vez que se está hablando en serio sobre incluir las concepciones indígenas en la Constitución. Se aplaude el intento por parte del gobierno y de los más de 17 mil representantes de los pueblos originarios que han participado en todo el proceso por entablar el diálogo y reconocernos como una nación compleja y donde la diversidad étnica es parte de nuestro ADN. Si bien es cierto las comunidades indígenas son una minoría en Chile, no es menos cierto que la historia de mestizaje debería permitir ver más cerca lo que realmente somos en términos étnicos: mezcla entre indígenas y españoles. Esta nueva mirada sin duda es una necesidad para Chile y es una respuesta a un proceso de movilización indígena y de apertura hacia nuevas epistemologías que deben ser reconocidas en una nueva Constitución, y que no iban a ser reconocidas de ninguna otra manera en el instrumento que actualmente nos rige, pues las epistemologías indígenas- no capitalistas, reconociendo la sacralidad de relación con la naturaleza y la tierra, basado en derechos colectivos- no es compatible con la impronta de nuestro ordenamiento jurídico en su conjunto y especialmente la Constitución del 80. Esto sin duda es un avance y de concretarse, sacaría a Chile del listado de países de Latinoamérica que no tiene ningún tipo de mención sobre sus pueblos originarios (los otros son Belice, Guyana Francesa, Surinam y Uruguay). Pero hay que convenir que este proceso también ha sido una necesidad para el Ejecutivo, pues cualquier inclusión de medidas que puedan afectar a las comunidades indígenas hacia el futuro, necesitan de su aprobación como lo señala el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

            Desde esta obligación por parte del ejecutivo nacen las suspicacias. Pues, además de acusaciones de intervencionismo del gobierno por parte de los representantes del pueblo indígena, el proceso se ha llevado adelante a un tranco acelerado para presentar prontamente el proyecto de nueva Constitución al Parlamento, y no ha permitido que ese dialogo sea fecundo y fructífero para las comunidades indígenas, no arribando a los acuerdos trascendentales que deberían haberse logrado en 4 días, según lo planeado oficialmente. Es de toda lógica que un proceso que no ha ocurrido nunca necesite decantar y seguir practicándose, es por eso que finalmente el dialogo queda abierto hasta el 30 de octubre mediante observaciones y comentarios, para tener una nueva mesa de trabajo el 3 de noviembre, lo que se hará en paralelo a la entrega del informe final a la Presidenta de la República. Es por esta falta de tiempo para sostener las conversaciones necesarias para tratar estos temas es que solo se llegó a acuerdo con respecto al reconocimiento indígena como comunidades anteriores al Estado y la aplicación en específico del principio de igualdad y no discriminación entre otros. Los acuerdos parciales se centraron en el rango constitucional de los instrumentos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, y el porcentaje de representación parlamentaria. No se logró llegar a acuerdo en los temas centrales: declaración de plurinacionalidad y del territorio indígena. Estos temas también generan suspicacia para el gobierno y un sector de la política chilena. Pero ¿cuáles serían los efectos jurídicos de estos últimos elementos?

            La plurinacionalidad no es más que el reconocimiento de la diferencia en la manera de organizarse, vivir y desarrollarse de las diferentes comunidades de un Estado, aceptando la diversidad de costumbres de los pueblos originarios y haciéndolas visibles y legales. Es una apertura del pacto social a la interculturalidad. Nada tiene que ver con una ruptura del estado unitario, todo lo contrario, es una afirmación de la importancia de las propias prácticas ancestrales indígenas, dentro de un único territorio. De la mano de la plurinacionalidad está el territorio indígena, cuya importancia radica en que los territorios ancestrales que pueden ser reconstruidos y reconfigurados desde la cosmovisión indígena, permitirían el desarrollo político, social, cultural y económico de los pueblos, otorgándoles un estatuto jurídico propio, lo que ya existe en Chile con los territorios especiales de Isla de Pascua y Juan Fernández. Estos conceptos complejizarían las relaciones territoriales, políticas y jurídicas a nivel nacional, por supuesto que sí, se constituirían en un desafío importante a nivel estatal, jurídico y político, pero no es un proceso muy distinto al que se han llevado a cabo en otros países latinoamericanos, con otros nombres que apuntan a la misma idea de diversidad en Europa, u otros procesos de traspaso de competencias que ya han existido en Chile y han sido exitosos.  Además, siempre es posible pactar periodos de transición o ajustes para poder asentar estas nuevas realidades.

            En definitiva, desde una visión de la academia y sociedad civil, la descolonización de la perspectiva neoliberal a una mirada indígena en estos procesos de consulta es altamente destacable y necesaria para lograr cambios. Las suspicacias de ambos sectores deben ir decreciendo a medida que el dialogo va siendo el centro. Con el proceso constituyente indígena y el ingreso al Congreso Nacional del Plan Araucanía el Gobierno está cumpliendo con lo prometido en esta materia. Es de esperarse que los resultados sean sustanciales para un cambio en las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas, y no solo sea un simple cumplimiento de formalidades sin ningún contenido transcendental.

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