Dr. Francisco Sanz Salguero*
Hay un denominador común que vincula la histórica elección de miembros de la Convención Constitucional (ocurrida el 15 y 16 de mayo) y la segunda vuelta de gobernadores regionales (celebrada pasado sábado de 13 de junio): la marcada abstención por parte de los ciudadanos habilitados para sufragar. No obstante que este fenómeno ha venido creciendo progresivamente en Chile a lo largo de los últimos años (particularmente desde que se cambió el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, y se pasó al sistema de inscripción automática y voto voluntario), los números del último proceso eleccionario exigen una reflexión sobre el sistema: solo 1 de cada 5 electores votó en la segunda vuelta de gobernadores, alcanzándose una cifra de abstención del 80 %.
Son varias las razones que podrían explicar esa estadística: temor a los efectos de la pandemia, desconocimiento del rol del gobernador, rechazo a la clase política o, simplemente, apatía del ciudadano por este tipo de procesos participativos. Pero un tema que entró con fuerza al debate a raíz de esta realidad, consiste en determinar la conveniencia o no de retornar al modelo del voto obligatorio La discusión no es fácil, pues podemos encontrar argumentos a favor o en contra de una u otra hipótesis.
Quienes están a favor del voto obligatorio, afirman que muchas democracias lo aplican (implementándose con el fin de desestimular la “compra de votos” y la corrupción electoral). Igualmente, consideran que quienes se abstienen de sufragar suelen ser personas de sectores sociales o regiones más pobres y con menos niveles de estudio, con lo que al instituirse la obligación se incitaría a los políticos elegidos a rendir cuentas a estos grupos de ciudadanos. Este último argumento puede sonar paradójico, dado que América Latina es una región particularmente desigual, y en la que más se práctica el voto obligatorio: entre los países desarrollados, pocos países tienen este mecanismo en vigencia, como es el caso de Australia y Bélgica.
Los detractores del sufragio obligatorio, recuerdan las razones con las cuales se justificó el cambio del sistema en Chile: la conclusión de que el voto obligatorio había ayudado a la pérdida de legitimidad del sistema político, y había favorecido el inmovilismo, la poca renovación política, y la pérdida de confianza en los partidos.
En este escenario y aprovechando la experiencia comparada, quizás podría plantearse una solución intermedia, consistente en el establecimiento de “incentivos” para sufragar: preferencia en subsidios de vivienda y en exámenes de ingreso a la universidad, rebaja en el tiempo de prestación del servicio militar, preferencia para conseguir empleos públicos, o descuentos en la tramitación de documentos. La discusión entonces, está abierta.
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*Académico de la Escuela de Derecho UCN Antofagasta.
