Dr. Francisco Sanz Salguero*

Chile inicia un salto hacia un futuro inédito. Junto con la elección de alcaldes, de representantes en el concejo municipal y (por primera vez, de forma democrática) gobernadores, el proceso electoral llevado a cabo el 15 y 16 de marzo ha permitido a la ciudadanía participar en la conformación de la Convención Constitucional, organismo que se encargará de la redacción de una nueva Carta Política.

Respecto a cómo será la naturaleza de las decisiones de los convencionales constituyentes, reina la incertidumbre. En efecto, todos los aspectos vínculos con la escogencia de este grupo, incluyendo el carácter novedoso de los comicios, el volumen de postulantes (1.178 candidatos) y su dispersión en listas de partido o como independientes, no permiten anticipar cómo será la relación entre los miembros de la Convención y, mucho menos, cual será el resultado de su trabajo, labor que de todas formas deberá ser sometida a un “Plebiscito de salida” a mediados de 2022. Sin lugar a dudas, este plebiscito (que puede aprobar o rechazar el texto constitucional que se llegue a proponer), se convierte en una garantía para alcanzar una nueva Carta Fundamental “responsable”, independientemente del marco ideológico en que se desarrolle su confección.

De todas formas, aspectos relacionados con la conformación de la Convención Constitucional, como por ejemplo el hecho de que 17 de los 155 asientos constituyentes están reservados para los pueblos originarios, además de su disposición de carácter paritario, permiten que este organismo conceda voz y voto a grupos que no pueden estar postergados en una instancia tan relevante para el futuro de la nación.

La ausencia de condiciones previas (salvo la propia costumbre constitucional, el respeto a las sentencias judiciales y a los tratados internacionales, y la exigencia de que cada artículo constitucional se apruebe por una mayoría de dos tercios), abre un inmenso marco de posibilidades. ¿Los pueblos originarios lograrán que Chile se convierta en un Estado plurinacional? ¿El actual “Estado subsidiario” pasará a tener un carácter más solidario? ¿se desintegrará (o, al menos, suavizará) el modelo vigente en el que casi todo (desde el sistema de pensiones hasta la sanidad o la educación), está cedido a la empresa privada? ¿Derechos como el acceso al agua, la protección del consumidor o a una vivienda digna (reconocidos ampliamente por los instrumentos internacionales), serán por fin incorporados dentro de la esfera de los Derechos Fundamentales? A medidos del 2022, veremos el grado de compromiso de los convencionales en el rol que la historia les ha encomendado: estaremos atentos.

________

*Académico de la Escuela de Derecho UCN Antofagasta.