Dr. Cristóbal Caviedes Paul*

Me especializo en Derecho; no en Economía. Dicho esto, pienso que debemos considerar establecer un “ingreso básico universal” (“IBU”). Es decir, el covid-19 es una gran oportunidad para reemplazar programas sociales inoperantes por la entrega mensual directa de plata a los chilenos, sin condiciones.

El IBU atrae por su simpleza, pues es más fácil entregar plata que servicios. Asimismo, el IBU es socialista y liberal a la vez: socialista al entregar protección social, y liberal al confiar en la autonomía individual. En efecto, con el IBU, el Estado le dice a cada ciudadano: “debo ayudarte, pero tú eres quien sabe dónde te aprieta el zapato. Por tanto, prefiero darte plata en vez de asumir que te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo”.

Hay dos grandes objeciones al IBU. Primero, se teme que el IBU fomente la flojera y la dependencia. Segundo, se objeta que en un país desigual como Chile, la clase alta no debería recibir plata fiscal gratis.

Sobre lo primero, ningún experimento ha demostrado que el IBU incentive la flojera y la dependencia. Es más, el IBU podría producir el efecto contrario, reforzando la responsabilidad personal. Justamente porque con el IBU el Estado entrega plata y no servicios, nadie puede culparse más que a sí mismo por tomar malas decisiones. Además, ya que con el IBU uno recibe lo necesario para sobrevivir, uno no puede sustraerse de la condena social ajena al ser un vago.

Sobre lo segundo, la “universalidad” del IBU es cara. Cierto, entregar el IBU a todos fortalece la idea de comunidad, la idea de que todos estamos en el mismo barco; cosa no menor en tiempos globalizados e individualistas. Asimismo, cuando uno incluye en una política a gente con medios e influencia, ellos tienden a usar sus medios e influencia para que tal política funcione bien, lo que beneficia a todos. 

No obstante, hay pérdida de recursos cuando se entrega el IBU a quien no lo necesita; pérdida que difícilmente podemos permitirnos. Por ende, y siendo que la situación chilena empeorará, sólo deberíamos entregar un IBU a gente pobre y de clase media, sin perjuicio de que posteriormente el IBU pueda realmente universalizarse.

Es probable que financiar el IBU requiera deuda presente e impuestos futuros. También hay que disminuir gasto corriente, pues el Estado es muy ineficiente. Hay más de 600 programas que no se evalúan, y la desigualdad en Chile es igual a la del resto de los países OCDE antes de impuestos, lo que significa que la plata fiscal no llega a la gente. En suma, establecer un IBU en Chile requerirá tanto del celo por la justicia como del escándalo ante el desperdicio de recursos escasos. 

No sé ustedes, pero el IBU me parece una buena idea. Dado el contexto político, sé que soy ingenuo al plantearla; pero no pierdo nada al intentarlo.

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*Académico de la Escuela de Derecho UCN Antofagasta.