La jornada generó buena interacción, pues los participantes formularon varias preguntas sobre el alcance de las leyes y de la propia Carta Magna a la hora de abordar la crisis social.

Cambiar el Estado subsidiario por uno solidario, considerar el trabajo como un derecho y examinar desde otras perspectivas los fenómenos delictivos registrados en el marco de las protestas a nivel nacional, fueron algunos de los planteamientos que surgieron en el conversatorio “Proceso Constituyente y Nueva Constitución”, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte (UCN), sede Coquimbo.

Con una amplia convocatoria, el espacio resultó idóneo para que estudiantes, docentes y funcionarios de apoyo a la academia expresaran sus inquietudes respecto a las propuestas que desde las manifestaciones se han replicado con mayor fuerza, entre las que destaca la necesidad de cambiar la Constitución, lo cual será decidido en un plebiscito previsto para abril del año 2020.

El grupo de ponentes conformado por Kamel Cazor, director de la Escuela de Derecho; Agustina Alvarado, profesora de derecho procesal; Gonzalo Cortés, académico de derecho constitucional y Juan Pablo Severin, docente de derecho del trabajo, respondió a la comunidad universitaria a partir de sus experiencias e investigaciones en el área.

En este contexto, luego de analizar la Constitución actual y lo que a juicio de los especialistas le hace falta a este instrumento para contribuir con el desarrollo e igualdad social en el país, el profesor Cazor apuntó a la necesidad de superar el Estado subsidiario, para convertirlo en uno solidario.

“Hay que tener claro que la hoja en blanco de la nueva Constitución no implica necesariamente desconocer aspectos positivos de la actual carta de data de los años 80, por lo tanto lo que busca el proceso constituyente es generar una conjugación de una tradición liberal, social y democrática, propias de la evolución del constitucionalismo occidental democrático”, indicó.

Sin embargo, advirtió que en este proceso se deben tomar en cuenta varios puntos, especialmente el modelo económico implementado en Chile.

“Lo complejo es que nosotros, bajo la Escuela de Chicago, fuimos un campo de experimentación y se aplicó un neoliberalismo extremo. Esto ha traído una serie de consecuencias que es la demonización del Estado y de la política, donde al ser humano lo alienan y lo transforman en un ente consumidor racional y es el mercado el que le da participación”, precisó.

Es por ello que la autoridad hizo un llamado a prestar atención a la lista de derechos sociales que podrían incluirse en la nueva Carta Magna, pues no solo se trata de colocarlos y “que en la práctica se vayan a cumplir”.

“(…) Los derechos sociales tienen que tener un desarrollo desde el punto de vista de los consensos, que se vayan renovando en las instancias más democráticas. Yo sé que están desprestigiados el Parlamento y el Congreso Nacional, pero si no creemos en estas instancias entonces pregunto ¿en qué creemos para elaborar las leyes?, por lo tanto hace falta un parlamento renovado, que se elija a partir de una ley electoral democrática. Eso sería un estándar de optimización del derecho. Un Estado de mayor solidaridad no es populismo, no nace solo por satisfacer las demandas, sino para orientar las demandas de la sociedad”, acotó.

Por otra parte, Agustina Alvarado se refirió a la desigualdad que existe en el trato hacia los más vulnerables, incluso en medio de las manifestaciones. “(…) Que hoy estemos viendo lumpen tampoco es sorpresa, ya que está más que estudiado con evidencia empírica y científica cómo las personas delinquen y por qué (…) lamentablemente, nuestro Estado y sistema de control se avoca a la persecución de una determinada clase de delincuentes y no de otros”.

La académica considera que este fenómeno está relacionado con el sistema neoliberal, el cual se encuentra arraigado en la Constitución, e incluso en la propia conciencia personal.

“Nuestra funcionalidad va de la mano de qué tan productivos o útiles seamos a la sociedad y además estamos frente a un discurso de consumismo extremo propiciado por la competencia. En ese sentido, no todos tenemos acceso al concepto de felicidad asociado a la adquisición de cosas o bienes y tal como lo explica la teoría de la Anomia de Merton; si no tenemos los medios legítimos, vamos a buscar medios ilegítimos para obtener lo que queremos”, comentó.

El último debate de este ciclo reflexivo será el próximo miércoles 20 de noviembre y estará centrado en la Constitución y Filosofía.

Periodista Johana Fernández